Según Hacienda, el sistema tributario por módulos al que unos 700.000 autónomos o pymes están acogidos, es un paraíso para defraudar. Es por esto que el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que impedirá en breve tributar por módulos a todos aquellos que facturen más de un 50% de sus operaciones a particulares. Además para acogerse a módulos habrá que tener unos ingresos íntegros de al menos 50.000 euros.
Parece que la nueva ley antifraude que planea el Gobierno quiere acabar con la famosa frase que muchos profesionales que realizan trabajos a particulares pronuncian una vez prestado el servicio: “¿Quiere usted factura?, si es que sí, le tengo que cobrar el IVA”.
El sistema por módulos agrupa una serie de ventajas fiscales que se van a acabar para muchos. Una de ellas es tributar siempre una cantidad fija con independencia de los beneficios, según metros cuadrados del local, número de empleados, o consumo de energía. De esta manera, todos los que se vean expulsados de este sistema se someterán a un mayor control fiscal y a una mayor carga de impuestos.
La nueva ley antifraude que planea sobre el Congreso pretende también acabar con las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros. Por primera vez en España, se limita el uso de efectivo a ese techo, la superación de esa cantidad podrá ser sancionada con multas de hasta un 25% del importe del pago tanto para el comprador como para el vendedor.
Para los no residentes, el límite de operaciones en efectivo no podrá sobrepasar los 15.000 euros. Esta diferenciación se hace para no dificultar las operaciones de los turistas que prefieran el uso de dinero en metálico.
El empeño del Gobierno por rescatar de los fondos la llamada economía sumergida pasa también por obligar a particulares y empresas mediante duras sanciones a informar sobre las cuentas y valores que tengan en el extranjero a partir de 2.013.
Otra de las novedades que nos traerá la nueva ley será el endurecimiento en el cobro de las deudas tributarias, las cuales no prescribirán. La Agencia Tributaria podrá también tomar medidas cautelares cuando un deudor se declare insolvente.
Entre otras medidas, se podrá sancionar también a aquellas empresas o particulares que eviten inspecciones, se vigilarán más a los artistas y deportistas así como las importaciones procedentes de Asia.
Se perseguirá especialmente el empleo de facturas falsas, entramados societarios, la inclusión de gastos personales como gastos de empresa, se rastrearán los consumos energéticos para dar con actividades económicas ilegales y se revisarán más exhaustivamente los terminales de tarjetas de crédito para evitar desvíos a otros terminales. Se controlarán especialmente los contribuyentes que tributen mediante estimación objetiva y también las operaciones intracomunitarias de las empresas para evitar el fraude.
A priori, las medidas parecen sensatas, adecuadas para el momento que estamos viviendo y lógicas, pero ¿serán factibles?
Muchas empresas que están al límite pueden pagar las consecuencias si por ahora se benefician del sistema de módulos: podrían no llegar a sobrevivir con un sistema que les imponga más carga impositiva. Las pymes deberán ajustarse cada vez más a la legislación, se acortan sus márgenes de maniobra y se castigan más sus infracciones.
Los ajustes del Gobierno llegan a todos, primero a los trabajadores con la Reforma Laboral 2012, a los bancos con la Dación en pago y ahora es el turno de la economía sumergida.
Fuentes: Rtve, Expansión.com, Cinco Días
mi pregunta es : de que manera podran ingresar al banco su dinero todos aquellos que lo ganen fraudulentamente ? porque el sr banquero va a seguir queriendo ese dinero , y de alguna manera lo va a conseguir , amen de que nuestros tan honrados inspectores de hacienda y politicos lo intentaran impedir claro.
Hola Eidrian:
Evidentemente, aquel que gane dinero fraudulentamente y lo ingrese en el banco, se arriesga a que cualquier inspector de Hacienda pueda pedirle explicaciones por ello.
Saludos.