A las puertas de las fiestas navideñas, el Gobierno tiene previsto aprobar mañana viernes un paquete de medidas fiscales que incluyen nuevas subidas generalizadas de impuestos.
Es un acuerdo con el PSOE que incluye un plan presupuestario que se enviará a Bruselas, para garantizar a la Comisión Europea que el déficit bajará del 4,6% actual al 3,1% en 2.017. El ajuste ronda los 15.000 millones, aunque se prevé que buena parte de esta promesa la cumpla el propio crecimiento económico (unos 7.000 millones), y el resto, 8.000 millones de euros, se prevé que vengan directamente de la recaudación. La mayor parte, 5.000 millones de recaudación, vendrán directamente del Impuesto de Sociedades, cuya subida ya os anunciamos en otro post. Con esta medida se limitarán algunas deducciones y bonificaciones a las que actualmente tienen derecho algunas empresas, como los beneficios de los gastos financieros, y las deducciones de las plusvalías procedentes de las filiales en el extranjero.
El acuerdo incluye la fijación de un techo de gasto, la base para la construcción de los nuevos presupuestos, y el reparto de déficit para las comunidades autónomas. En principio se habían planteado los ajustes por 5.000 millones, pero la presión de la Comisión Europea y las negociaciones con el PSOE para fijar un techo de gasto y acordar los nuevos presupuestos, han obligado a ampliar la subida.
2.000 millones de euros provendrán de la subida de los Impuestos Especiales. Se subirán los impuestos al tabaco, ajustándose a la normativa europea, a las bebidas alcohólicas, excepto el vino y la cerveza, y un sorprendente tributo sobre las bebidas azucaradas, justificándolo en un agravante que caracteriza a este tipo de bebidas, las “externalidades negativas”, perjudiciales para el medio ambiente o la salud.
Otros 1.000 millones se obtendrán con la ayuda de un paquete de medidas dirigido a la lucha contra el fraude. Las grandes empresas tendrán que informar a partir de ahora de manera automática de todas las operaciones gravadas con IVA. Esta medida ya se intentó implantar pero finalmente no se llevó a cabo por la negativa de las propias empresas.
Otra de las medidas estrella que se prevén, es la de limitar los pagos en efectivo del tope actual de 2.500 euros, a solamente 1.000 euros. Esto último entraña bastantes dificultades, debido a la inmensa cantidad de operaciones que superan esa cifra.
Los aplazamientos de pago de impuestos también se tornarán más estrictos. Actualmente, existe un saldo en aplazamientos concedidos de más de 10.000 millones que Hacienda está pendiente de cobrar, muchos con empresas en suspensión de pagos u otras dificultades. El ministro opina que en el escenario actual de bajos tipos de interés, no tiene sentido que sea Hacienda la que ayude a la financiación de las empresas.
Además, se ha anunciado la puesta en marcha de un plan de transformación (2.017-2.019) de la adminsitración pública que supondrá un ahorro de 900 millones.
